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Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
La controversia se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario puso bajo control del gobierno central a la Guardia Nacional y envió a 700 marines para aumentar la fuerza militar en Los Ángeles, brindando apoyo a las tareas de los agentes federales en manifestaciones vinculadas con acciones de inmigración. Este movimiento de tropas sin el consentimiento del estado representa la primera ocasión desde 1965 que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
El fallo del juez de distrito Charles Breyer, emitido el 12 de junio, afirmaba que la federalización era ilegal, argumentando que no se habían cumplido los requisitos de la ley y que no existía una situación de “rebelión” como exige la legislación. La apelación, sin embargo, suspendió esa orden mientras el caso sigue avanzando.
El panel del Noveno Circuito —integrado por dos jueces designados por Trump y uno por Biden— enfatizó que la ley otorga amplio margen al presidente en asuntos relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que corresponde al tribunal ejercer una revisión “altamente deferente». No obstante, rechazó la tesis de que la decisión presidencial está completamente fuera del alcance judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California puede decidir elevar una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o incluso presentar el caso ante la Suprema Corte. Asimismo, podrían sostener que la utilización de las fuerzas armadas para respaldar tareas de la ley federal —una posible infracción de la ley Posse Comitatus— necesita una revisión más detallada en el tribunal.
En su reacción, el gobernador Newsom declaró que “el presidente no es un rey ni está por encima de la ley” y aseguró que California seguirá luchando en los tribunales para proteger la soberanía estatal y los derechos civiles . A su vez, el expresidente Trump celebró el fallo como una “gran victoria” para la seguridad del país, argumentando que la Guardia Nacional debe poder desplegarse si las autoridades locales no pueden mantener el orden.
A nivel del país, el asunto ha iniciado una discusión extensa sobre la extensión de las facultades presidenciales respecto al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del poder judicial. Es la primera ocasión en sesenta años que se vuelve federal la Guardia sin la aprobación de un gobernador, lo que causa inquietud sobre posibles precedentes riesgosos y la disminución de los sistemas de derecho y revisión institucional.
Mientras tanto, en Los Ángeles, las fuerzas armadas permanecen activas, aunque las manifestaciones han disminuido y el alcalde ha eliminado el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y las dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y militares, además del efecto en la supervisión y el control social.
Un momento crucial será la audiencia con el juez Breyer, programada para este viernes. En dicha sesión se podría emitir una orden provisional más extensa que delimite con claridad el uso autorizado de las tropas. La resolución del caso impactará de forma duradera la interacción entre la autoridad federal y los estados, los poderes del presidente y el papel de las fuerzas armadas en misiones civiles.